“Cuando usted tenga alguna duda respecto a si un asunto relacionado con la tendencia sexual o identidad de género es discriminatorio, simplemente haga el ejercicio de cambiar las palabras ‘transgénero’ u ‘homosexual’ por la palabra ‘negro’”
El pasado mes de octubre escribí, desde esta mesa que sobrevuela Kansas, sobre Pilar y Gabi. La columna se tituló Las princesas de pelo largo y en ella me limité a exponer el caso de una madre que, como toda buena madre, luchaba, contra una sociedad fundamentalista, retrógrada y prepotente, por defender los derechos de su hija transgénero de seis años.
Recordarán –y si no, no se preocupen, que yo se lo recuerdo- que la Fiscalía Superior de Andalucía había abierto diligencias contra tres colegios de Málaga que mostraron reticencias a atender la solicitud de unos padres que pedían que se respetase la identidad de género de sus hijos. La Consejería de Educación envió unas pautas a los centros para explicarles cómo afrontar estos casos. Las pautas eran de muy sencilla aplicación: los niños debían ser llamados con el nombre con el que se identifican, mostrar ese nombre en boletines de notas o carnets, podrían usar el aseo que les corresponde por su identidad de género y vestir el uniforme que se adapte a esa identidad. Dos de esos tres centros aceptaron esas pautas y se comprometieron a cambiar el trato, tal y como solicitaban los padres. Sin embargo, uno de esos centros, el colegio en el que estudia Gabi, se ha negado a cumplir el trámite.
Ese colegio, San Patricio, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que pertenece al obispado de Málaga, se atrinchera en una terquedad que muy poco dice a su favor. No sé si un lugar que prohíbe y somete una realidad social, sin tan siquiera dialogar, debatir o mostrar un mínimo interés en comprender, es el lugar en el que yo quisiera educar a mis hijos. Esa no es la actitud que uno espera de un espacio en el que se trabaja con la pedagogía. Quizá es que en ese centro hay más de adoctrinamiento que de didáctica.
Ese centro, concertado (o sea, subvencionado con dinero público), se atreve a morder la mano que le da de comer en nombre de aún no se sabe muy bien qué argumentos. Estoy deseando conocer las razones de la Fundación Diocesana para justificar la discriminación en sus aulas pero no las encuentro. Sé que pueden llamarme malpensado pero sospecho que no hacen declaraciones porque si las hicieran y mostrasen sus razones, sería imposible que de ellas no se destilase transfobia, algo que deslegitimaría aún más su postura. Por eso guardan silencio: porque su único argumento es el rechazo al diferente.
Soy de los que opinan que una de las grandes asignaturas pendientes de este país, aparte del ansiado Pacto para la Educación, pasa por revisar conciertos con la Iglesia. Resulta inconcebible que, con un solo euro de dinero público que reciba un centro educativo católico, se le permita discriminar a una niña porque la capacidad del colegio para adaptarse a una nueva sociedad sea nula. Creo que hay que empezar a revisar esos convenios y, si se incumple la ley o directamente se atenta contra los derechos humanos del niño –discriminar por la tendencia sexual o identidad de género es atentar contra los derechos humanos-, retirar todo tipo de financiación pública. Que conviertan el colegio San Patricio en un centro privado, basado en esos principios de segregación que tanto gustan a determinadas ideologías fundamentalistas, y que los padres de esos niños (pobres niños) puedan financiar esa educación en valores de dudosa calidad humana, pagándolo de su bolsillo. Ya sé que eso sería algo así como legalizar las sectas pero…de momento, podría ser una opción. Luego ya entraríamos a valorar si lo que se hace en ese centro es o no constitucional y se ajusta a derecho pero, de entrada, nada de dinero público para fomentar la discriminación.
Porque cuando usted tenga alguna duda respecto a si un asunto relacionado con la tendencia sexual o identidad de género es discriminatorio, simplemente haga el ejercicio de cambiar las palabras ‘transgénero’ u ‘homosexual’ por la palabra ‘negro’. Componga el mismo argumento de la polémica en su mente y sustituya ‘transgénero’ por ‘negra’. Verá si es o no es escandaloso que un centro educativo no permitiese a una alumna negra emplear el baño de niñas y la enviase al de minusválidos. Solo por poner un ejemplo.
Pero si hay algo que aún me entristece más en todo este conflicto es la actitud de la Asociación de Padres del colegio que decidió no apoyar a uno de los suyos, a una madre que lo único que pedía era que su hija transgénero pudiese acudir al centro con uniforme femenino y ser tratada como tal, y sí respaldar los fundamentos discriminatorios del centro educativo. Me asustan unos padres que no contribuyen a cambiar las cosas, que filtran a sus hijos su desconocimiento y sus prejuicios, que no se dan cuenta que lo que está haciendo Pilar es defender los derechos de un menor en un conflicto que quizá mañana, por cualquier otra razón, también pueda afectarles a ellos. Esa falta de solidaridad, ese egoísmo de la AMPA del colegio San Patricio, aún ofende más que la intransigencia del centro.
Fuente: EL ASOMBRARIO, diario.es (Paco Tomás)