La discriminación y la falta de conocimiento sobre la problemática que enfrentan los transexuales, especialmente si manifiestan su auténtica identidad sexual a una edad muy temprana, lleva a que en la mayoría de los casos estas situaciones no se traten de la manera más adecuada. El pasado mes de octubre se hizo pública la situación de tres menores transexuales que no eran reconocidos como tales en sus centros educativos. Los padres denunciaron públicamente la situación a la que se enfrentaban en estos colegios malagueños, dos concertados y uno público. Dos de ellos rectificaron enseguida, después de que el caso llegara a la fiscal andaluza encargada de los casos de violencia contra la mujer y de discriminación sexual de género, Flor de Torres. Pero el tercero, un colegio religioso, nunca llegó a seguir las recomendaciones de la fiscalía. Dos meses después la pequeña, de seis años, sigue sin poder ir al colegio con el uniforme femenino con falda, utilizar los baños de las niñas o constar con su nombre femenino en las listas de clase.
La Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) ha pedido formalmente que se retiren las ayudas públicas al colegio, dependiente de la Fundación Diocesana Virgen de la Victoria, por incumplir todas las recomendaciones realizadas tanto por la fiscal como por la propia concejalía de Educación. “Ni un minuto más se puede tolerar que en Málaga un colegio, que además es concertado, siga discriminando a una alumna transexual”, ha señalado el colectivo en un comunicado. Además, ATA denuncia que para evitar la posible denuncia al centro por discriminación, el Obispado de Málaga ha pedido que se aparte del caso a la fiscal Flor de Torres.
“Lo que ya nos faltaba es que pusieran un Fiscal del Opus Dei o algo así al frente de este caso. Esperemos que los Derechos humanos se impongan al fanatismo religioso. Que el sentido común acabe de una vez con el sufrimiento que está pasando una niña de seis años. Ya está bien, por favor”, explican en el comunicado, en el que piden a la Junta contundencia en este caso ydenuncian la vulneración de los derechos fundamentales de la menor. “Cuando se producen conflictos entre la libertad religiosa y otros derechos habría que anteponer la identidad democrática como método de resolución de conflictos” concluye la presidenta de este colectivo, Mar Cambrollé.